El Consello da Xunta ha autorizado la contratación de un servicio de representación y defensa jurídica para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados al Servizo Galego de Saúde por el cártel de absorbentes de incontinencia urinaria en adultos. Este cártel fue sancionado en 2016 por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) con 128 millones de euros a ocho empresas fabricantes e importadoras de estos productos, así como a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y a dos personas físicas.
Según la resolución sancionadora, las empresas involucradas acordaron un precio para los absorbentes que resultó ser el doble del que se logró mediante licitaciones públicas en las diferentes comunidades autónomas. Ante la gravedad de estas conductas y el considerable sobreprecio pagado, el Servizo Galego de Saúde ha decidido reclamar los daños y perjuicios causados por las empresas del cártel.
Previo a la contratación del servicio jurídico, se realizó un análisis que determinó que el gasto mínimo acreditado relacionado con las empresas involucradas, entre 2004 y 2014, ascendió a 140,8 millones de euros. Además, se estima que desde 1996 el gasto total alcanzó aproximadamente los 153 millones de euros. Un estudio preliminar encargado a la Universidad de Santiago ha establecido diversas hipótesis sobre el daño potencial a la sanidad pública, fijando el valor estimado de la contratación en 6.052.720 euros. La contratación incluirá todas las fases del proceso, tanto extrajudicial como judicial, para asegurar una reclamación efectiva y coordinada.