Este viernes, 23 de octubre, entrará en vigor la reforma de la Ley 4/2026 que garantiza los derechos de los pacientes ante las intervenciones involuntarias en salud mental. En concreto, la normativa introduce nuevas garantías asistenciales con el objetivo de proteger la autonomía de las personas atendidas y fomentar las intervenciones voluntarias, además de definir las obligaciones de los servicios y profesionales sanitarios.
Esta norma incluye un nuevo artículo en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, y establece que las intervenciones sanitarias y asistenciales en salud mental deben basarse en el consentimiento libre e informado, de acuerdo con la legislación sobre autonomía del paciente. Se promueve un enfoque comunitario y centrado en la persona, respetando sus deseos y preferencias.
La ley regula también el ingreso involuntario, permitiéndolo únicamente en situaciones de urgencia vital y estableciendo requisitos específicos, como agotar las alternativas voluntarias y consultar las voluntades anticipadas.
Además, prohíbe las intervenciones involuntarias sin evaluación individual y limita el uso de contenciones mecánicas a situaciones excepcionales. Con esta reforma, se busca garantizar la dignidad y los derechos de los pacientes, reforzando así la protección en el ámbito de la salud mental.