El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha manifestado el rechazo de Euskadi al pago de 51 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de los años 2023 y 2024, propuestas por el Ministerio de Sanidad. En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Martínez denunció las “deficiencias jurídicas y procedimentales” del actual sistema de compensación, argumentando que el marco que lo sostiene es insuficientemente regulado y carece de la necesaria seguridad jurídica.
Euskadi, que representa solo alrededor del 5% de la población de España, ha aportado casi el 60% del total de recursos al Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) y al Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). Esta situación ha sido calificada por el Gobierno Vasco como desproporcionada, lo que ha llevado a la comunidad a exigir reglas claras, desarrollo normativo completo y garantías de transparencia y equidad para todas las autonomías.
Martínez ha subrayado que su rechazo está respaldado por un informe jurídico que resalta la falta de debate y avance reformador en torno a estos fondos, así como la inseguridad jurídica del sistema actual. A pesar de que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha reconocido la necesidad de abordar este desarrollo normativo, hasta el momento no se han producido avances significativos. El consejero concluyó que Euskadi está dispuesta a participar en la modernización del sistema de compensación, pero no aceptará acuerdos que perpetúen un modelo cuestionado.
